El porcentaje de personas con discapacidad que accedieron a un puesto de trabajo en la Administración General del Estado en 2004 se situó en el 7 % del total, dos puntos por encima de la obligación legal que sitúa la reserva de puestos en el 5 %.
        Según el Ministerio de Administraciones Públicas, ese porcentaje del 7 por ciento de 2004 (94 personas) supone el doble de la cifra alcanzada en 2003.
        Según el MAP, estas cifras ponen de manifiesto «la efectividad» de las medidas adoptadas en materia de acceso al empleo público de personas con discapacidad, recogidas en un decreto de diciembre de 2004, entre las cuales estaba la reserva del 5 por ciento de las ofertas de empleo público a personas con discapacidad física.
        Además, otras medidas incluidas en ese decreto son la preferencia en la elección de destino de los aspirantes con discapacidad, así como la posibilidad de alterar el orden de prioridad para la elección de plazas dentro del ámbito territorial que se determine en cada convocatoria.
        Se propone, en el texto que servirá como preámbulo de la Reforma del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, que se contemple el derecho de los discapacitados a «comunicarse con los poderes públicos» habilitando las vías necesarias para que las personas con discapacidad tengan acceso a la información pública.